Un senador opositor le pidió al gobierno de Kicillof algo que debería estar disponible de oficio desde hace años: cuántos docentes y auxiliares abandonaron sus cargos en los últimos cinco años. La pregunta, en sí misma, es una confesión incómoda. Si hace falta legislar para conseguir ese número, es porque la Dirección General de Cultura y Educación no lo tiene sistematizado, no lo difunde, o no le interesa que se sepa. En cualquiera de los tres casos, el diagnóstico es el mismo: un sistema que gestiona a ciegas su propio recurso humano.
Un pedido de informes que no debería ser necesario
El senador provincial Marcelo Leguizamón, del bloque HECHOS-UCR Identidad, presentó en la Legislatura bonaerense un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle cuántos docentes y cuánto personal auxiliar renunciaron a sus cargos en los establecimientos educativos de la provincia durante el último quinquenio. La solicitud, discriminada por región, distrito, nivel de enseñanza, modalidad y situación laboral, busca poner sobre la mesa un fenómeno que circula hace tiempo en off, en pasillos de escuela y en charlas de sala de profesores, pero que nunca tuvo respaldo de cifras oficiales abiertas al público.
Que un legislador tenga que recurrir a una herramienta parlamentaria para obtener un dato tan elemental -cuánta gente deja de trabajar en las escuelas bonaerenses cada año- ya dice algo sobre el estado de la información pública en el sistema educativo más grande del país. No se está pidiendo un estudio nuevo ni una encuesta costosa. Se está pidiendo que el Estado cuente lo que el Estado mismo gestiona.
Lo que se pide y lo que se sospecha
El proyecto no se limita a contar renuncias. Apunta a un punto más sensible: cuántas de esas vacantes quedaron sin cubrir durante los ciclos lectivos 2024, 2025 y el actual 2026. Esa es la pregunta que de verdad importa, porque una renuncia aislada es una decisión individual, pero una vacante que no se cubre durante meses es una falla de gestión con impacto directo en miles de aulas: grupos sin docente a cargo, suplencias improvisadas, continuidad pedagógica rota a mitad de año.
El pedido también busca determinar si la cartera educativa cuenta con diagnósticos propios sobre desgaste laboral, abandono de la carrera docente y dificultades para atraer personal en ciertas regiones o modalidades. La pregunta, otra vez, no es ingenua: si esos estudios existen y la Dirección General de Cultura y Educación los tiene guardados en un cajón, hay un problema de transparencia. Y si no existen, hay un problema todavía peor: una administración de cuatro millones de estudiantes y 550.000 docentes que toma decisiones de recursos humanos sin medir sistemáticamente por qué se le va la gente.
Salarios, horas partidas y el desgaste que nadie cuantifica
Leguizamón fundamenta el pedido en algo que cualquier docente bonaerense puede confirmar sin necesidad de informe oficial: pérdida de poder adquisitivo, fragmentación horaria entre varias escuelas para llegar a un sueldo digno, y una carga administrativa creciente que le come horas al trabajo en el aula. Son los mismos factores que, en esta misma provincia, ya quedaron documentados en otro frente: el salario inicial docente de jornada simple ronda hoy los 760.000 pesos mensuales, una cifra que distintos sectores gremiales señalan entre las más bajas del país, y que en 2026 volvió a ser motivo de paro justo el día de inicio de clases.
No hace falta mucha imaginación para conectar los puntos: un sistema que paga mal, que fragmenta la jornada laboral docente en pedazos repartidos entre distintas escuelas, y que además exige cada vez más papeles y menos tiempo de enseñanza efectiva, es un sistema que expulsa. La pregunta de Leguizamón no inventa un problema nuevo: pone sobre la mesa, con pedido de informes mediante, algo que el propio sistema ya venía mostrando por otras vías.
El parche tecnológico antes que el diagnóstico
Hay un dato que el propio pedido de informes señala con ironía involuntaria: meses antes de esta solicitud, la Provincia ya había puesto en marcha un programa de “Reordenamiento y Unificación de cargos y horas”, una herramienta digital pensada para agilizar la cobertura de vacantes y mejorar la organización institucional de las escuelas. Es decir: el gobierno bonaerense reconoció el problema -tanto como para crear un sistema informático específico para paliarlo- pero no lo acompañó con información pública sobre su magnitud real.
Eso es exactamente el patrón que se repite en otras áreas del sistema educativo provincial: se construye infraestructura de gestión -aplicaciones, plataformas, sistemas de seguimiento- antes de explicar con números abiertos cuál es el tamaño del problema que esa infraestructura pretende resolver. Primero el parche, después -si alguien lo pide por escrito en la Legislatura- el diagnóstico.
Por qué esto no es solo un problema de papeles
Es tentador leer este pedido de informes como una escaramuza política menor, un legislador de la oposición buscando un titular incómodo para el oficialismo. Pero el trasfondo es más serio que eso. La provincia de Buenos Aires ya exhibe, con datos propios y de organismos especializados, algunos de los peores indicadores educativos del país: lidera el ausentismo escolar a nivel nacional, y más de la mitad de sus alumnos de tercer grado no alcanza los niveles esperables de comprensión lectora. En ese contexto, la rotación y el abandono de cargos docentes no es un dato administrativo más: es una variable que incide directamente sobre la continuidad pedagógica de millones de chicos.
Un aula sin docente titular, cubierta por suplencias sucesivas o directamente sin cubrir, es un aula donde se pierde aprendizaje todos los días que dura ese vacío. Si a la crisis de alfabetización y al liderazgo en inasistencias se le suma una sangría de personal que nadie cuantifica con seriedad, el cuadro deja de ser una serie de problemas aislados y empieza a parecer lo que probablemente es: un sistema que se sostiene con parches, sin un mapa claro de sus propias fugas.
La pelota, ahora, en la Legislatura
El pedido de informes deberá tratarse en la Legislatura bonaerense, y su destino más probable -como el de tantas iniciativas similares de la oposición en cualquier provincia argentina- es terminar cajoneado en alguna comisión, o respondido con cifras parciales y tardías. Pero el solo hecho de que haga falta presentarlo confirma el diagnóstico de fondo: en la provincia con el presupuesto educativo más grande del país, no hay un dato público, accesible y actualizado sobre cuánta gente deja de enseñar en sus escuelas cada año.
Mientras esa información no exista -o no se difunda-, cualquier anuncio oficial sobre “fortalecimiento de la carrera docente” o “mejora de las condiciones laborales” va a seguir siendo, como tantos otros en este sistema, un discurso sin números que lo respalden. Y los que terminan pagando esa falta de información no son los funcionarios que no responden el pedido de informes, sino los chicos que se quedan, ciclo lectivo tras ciclo lectivo, sin un docente fijo al frente del aula.
Lic. Fernando Bonforti – director de FB Educación & Gestión | Analista del sistema educativo argentino. IG: @fb.educacion.gestion
