Cada vez que aparece una situación de violencia, una problemática familiar compleja o un conflicto que involucra a niños y adolescentes, la pregunta es siempre la misma: ¿qué hizo la escuela? Casi nunca preguntamos qué hicieron -o qué dejaron de hacer- los demás actores responsables. La sociedad le exige a la escuela cada vez más, mientras el Estado llega tarde, llega poco o no llega. Y así la escuela termina convertida en la última frontera de un Estado que se retira.
Una institución a la que se le pide cada vez más
La escuela siempre fue mucho más que un lugar donde se transmiten conocimientos. Históricamente cumplió funciones sociales, culturales y comunitarias que la convirtieron en una de las instituciones más valoradas de la Argentina.
Pero en los últimos años las escuelas dejaron de enseñar exclusivamente. Hoy contienen emocionalmente, detectan violencia, intervienen en conflictos familiares, acompañan problemáticas de salud mental, activan protocolos de protección de derechos, articulan con organismos estatales y muchas veces se convierten en el único espacio institucional presente en la vida de niños y adolescentes.
Nada de esto es negativo en sí mismo. El problema aparece cuando esas responsabilidades se multiplican sin que existan recursos, estructuras o acompañamientos equivalentes. Las demandas crecen; las respuestas externas, mientras tanto, disminuyen. Y todo vuelve a recaer en el mismo lugar: la escuela.
El reflejo automático de una sociedad que no se hace las preguntas correctas
Cuando ocurre un episodio grave en una institución educativa, las miradas se dirigen de inmediato hacia docentes y directivos. ¿Qué hizo el director o la directora? ¿Por qué no intervino la escuela? Son preguntas razonables. Lo inadmisible es que casi nunca aparecen las otras: ¿la familia acompañó las orientaciones de la escuela? ¿Intervinieron los organismos de protección? ¿Respondieron los servicios especializados? ¿Llegó la asistencia estatal necesaria?
Las respuestas a estos interrogantes casi siempre quedan invisibilizadas, porque señalar al Estado o a otros actores incomoda más que señalar a la escuela. Resulta más simple -y más cómodo- responsabilizar a la institución que está siempre presente que exigirle cuentas a la que falta.
Detectar no significa resolver
Los docentes son, probablemente, los profesionales que más tiempo comparten con niños y adolescentes fuera del ámbito familiar. Por eso suelen ser los primeros en observar cambios de conducta, señales de violencia o situaciones de vulnerabilidad. Detectar estas problemáticas es una función fundamental. Pero detectar no es resolver.
La escuela puede advertir, orientar, acompañar, activar protocolos. Lo que no puede hacer es reemplazar a una familia ausente, asumir funciones terapéuticas para las que no fue creada, ni resolver conflictos sociales y judiciales que exigen la intervención de organismos específicos. Existe una expectativa social -cómoda para el Estado- según la cual la escuela debería tener respuesta para todo. Cuando esa respuesta no llega, la responsabilidad cae sobre quienes están todos los días en las aulas.
Hay algo más llamativo todavía. Cuando una escuela no activa un protocolo a tiempo, hay sanciones, sumarios, responsabilidades administrativas y muchas veces mediáticas. Cuando un organismo de protección no responde a una derivación, cuando un servicio de salud no atiende una urgencia, cuando una política pública prometida nunca llega, no pasa casi nada. No hay sumario para el Estado ausente. No hay nota que lo señale con el mismo nombre y apellido con que se señala a un directivo. Esa asimetría es la que sostiene todo el sistema: la escuela rinde cuentas todos los días; el resto, casi nunca.
El costo invisible de la sobrecarga institucional
De esto se habla poco: cada hora que un directivo dedica a resolver conflictos sociales es una hora menos para liderar procesos pedagógicos. Cada informe que un docente elabora para un organismo externo es tiempo que deja de invertirse en planificación y seguimiento de aprendizajes. La paradoja es evidente: mientras toda la sociedad se preocupa por los resultados educativos, buena parte del tiempo escolar se consume respondiendo problemáticas que deberían resolver otros actores. Después nos preguntamos por qué cuesta mejorar los aprendizajes. Parte de la respuesta está ahí.
La responsabilidad compartida que se volvió responsabilidad delegada
Educar fue, durante décadas, una responsabilidad colectiva: de la escuela, de las familias, del Estado, de los organismos de protección, de los servicios de salud, de la comunidad. En la práctica, esa responsabilidad compartida se convirtió en responsabilidad delegada. Cuando otros espacios se debilitan, la escuela absorbe. Cuando faltan respuestas, contiene. Cuando aparecen vacíos institucionales, los cubre. Y termina cargando sobre sus hombros problemas que exceden ampliamente la misión para la que fue creada. No porque quiera hacerlo, sino porque casi nunca tiene otra opción: detrás de cada expediente hay un niño, y la escuela es la única puerta que sigue abierta.
El riesgo de naturalizar lo imposible
El mayor peligro es la naturalización. Nos acostumbramos a que la escuela resuelva todo -que los docentes operen como asistentes sociales, que los directivos gestionen lo que debería atender otro organismo, que los equipos escolares sostengan situaciones sin los recursos para hacerlo- y ya ni siquiera nos sorprende. Pero ninguna institución se fortalece exigiéndole funciones ilimitadas, ni mejora sus resultados destinando una parte creciente de su energía a tareas que no son educativas. La escuela necesita redes, respuestas articuladas, organismos presentes, familias comprometidas y un Estado que llegue a tiempo. Cuando todo depende de la escuela, lo que en realidad estamos reconociendo es el fracaso de los actores que debían estar presentes y no estuvieron.
La pregunta que hay que cambiar
Hay que cambiar el enfoque del debate. La pregunta no es qué más puede hacer la escuela. La pregunta es qué más está dispuesto a hacer el resto -familias, organismos, Estado- para que la escuela pueda cumplir con la función para la que existe. La escuela va a seguir estando, acompañando, conteniendo, sosteniendo: lo hizo durante décadas y lo va a seguir haciendo. Pero confundir compromiso con omnipotencia es un error que termina perjudicando a los chicos, no protegiéndolos.
Cierre
La escuela argentina no necesita que le transfieran más responsabilidades. Necesita que cada actor asuma las propias: familias presentes, organismos que funcionen, políticas públicas que lleguen a tiempo y un Estado capaz de sostener las redes que protegen a la infancia. Cuando todo termina dependiendo de la escuela, el problema deja de ser educativo: es social. Y cuando una sociedad le exige a la escuela que haga todo, corre el riesgo de descubrir, demasiado tarde, que ya no puede hacer ni siquiera aquello para lo que fue creada: enseñar.
La escuela no puede ser la última frontera del Estado. Porque cuando la última frontera cae, detrás ya no queda nadie.
Lic. Fernando Bonforti – Director de FB Educación & Gestión | Analista del sistema educativo argentino
IG: @fb.educacion.gestion
